La conservación de la Amazonía ecuatoriana es fundamental para preservar uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta. Este territorio alberga aproximadamente el 10% de la biodiversidad mundial, con especies de flora y fauna que no se encuentran en ningún otro lugar. Además, la región es el hogar de pueblos y comunidades indígenas que han convivido de manera sostenible con la naturaleza durante siglos, aportando conocimientos tradicionales esenciales para la gestión de los recursos naturales.
El Biocorredor Amazónico es un modelo innovador de gestión territorial para toda la Amazonía ecuatoriana, que impulsa la gobernanza y el manejo sostenible de los paisajes naturales y los recursos de agua dulce en la región. Integra objetivos de conservación de biodiversidad y desarrollo sostenible, alineándose con las políticas públicas sectoriales del Ecuador.
En el Biocorredor Amazónico existen áreas claramente identificadas como prioritarias para conservación gracias al desarrollo de un portafolio de conservación que integra modelos avanzados de distribución de riqueza remanente para especies clave (anfibios, aves, peces, flora, mamíferos y reptiles) y variables espaciales que incluyen ecosistemas, amenazas antrópicas y servicios ecosistémicos. Las áreas meta abarcan 1,8 millones de hectáreas que serán incorporadas a nuevos mecanismos de conservación in situ, 4,6 millones de hectáreas cuya gestión será mejorada y 18 mil kilómetros de ríos protegidos. Este enfoque permite un uso eficiente de recursos y maximiza el impacto ambiental y social del programa, asegurando la conectividad de los ecosistemas, la mitigación del cambio climático y la preservación de servicios esenciales para las comunidades amazónicas.
La conversión de deuda por naturaleza representa una estrategia financiera innovadora que permite a países como Ecuador gestionar su carga de deuda externa mientras destinan recursos significativos a la conservación ambiental. Este mecanismo implica que una parte de la deuda nacional se convierte en una nueva deuda con mejores condiciones que se consiguen por el apoyo de los socios (BID, DFC y TNC). Los ahorros son direccionados al cumplimiento de compromisos de conservación, como la implementación del Programa Biocorredor Amazónico. Al reducir las obligaciones financieras internacionales, el país libera fondos que pueden invertirse directamente en la protección y gestión sostenible de sus valiosos ecosistemas en la Amazonía.
Desde el Gobierno del Ecuador, la conversión fue liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Cancillería – participó activamente, especialmente en el diseño del Fondo BCA. El Banco Interamericano de Desarrollo – BID – emitió una garantía de 155 millones de dólares y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) proporcionó un seguro de riesgo político de hasta mil millones de USD para la nueva financiación. El apoyo del BID y de DFC fueron clave para que la nueva deuda tenga mejores condiciones para Ecuador y permita ahorros en comparación con la deuda anterior, que en parte son direccionados al Fondo BCA para la conservación de la Amazonía. The Nature Conservancy – TNC – ejerció el rol de facilitador y asistencia del Programa, proveyendo asesoría técnica en conservación y la moderación de la mejora del crédito.
El Fondo Biocorredor Amazónico destinará sus recursos a proyectos e iniciativas implementados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que promuevan la conservación y el desarrollo sostenible en la Amazonía ecuatoriana, siguiendo líneas temáticas prioritarias que buscan: apoyar el cumplimiento de los Compromisos de Conservación asumidos por la República del Ecuador en la Amazonía ecuatoriana en el marco del Biocorredor Amazónico; apoyar la implementación de actividades relacionadas con el Biocorredor Amazónico; apoyar el desarrollo sostenible de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que habitan la Amazonía ecuatoriana; apoyar la gestión de Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador y de áreas bajo otros mecanismos de conservación in situ en la Amazonía Ecuatoriana; y contribuir al desarrollo sostenible, la conservación y la mitigación o adaptación al cambio climático en la Amazonia ecuatoriana.
El Fondo BCA fue diseñado para gestionar los recursos de la conversión de deuda, pero también para mantener esfuerzos permanentes de movilización de recursos adicionales. El Fondo BCA tiene flexibilidad para recibir recursos nacionales e internacionales de distintas fuentes y donantes. Además, la conversión de deuda creó un fondo patrimonial, que será alimentado anualmente por los recursos de la conversión de deuda e invertido en el mercado financiero para generar rendimientos que serán recapitalizados en el mismo fondo patrimonial por 17 años. En el 2042, se espera que este fondo patrimonial tenga un capital de aproximadamente 135 millones de dólares y pueda generar rendimientos anuales que seguirán financiando proyectos en el marco del Programa Biocorredor Amazónico.
Organizaciones internacionales y locales pueden participar en el financiamiento del Fondo del Biocorredor Amazónico a través de donaciones públicas o privadas, legados y contribuciones financieras que se integran en los activos del Fondo para apoyar su objetivo general de conservación y desarrollo sostenible de la Amazonía ecuatoriana. Estas donaciones pueden provenir de diversas fuentes y estar sujetas a condiciones específicas impuestas por los donantes, siempre que no se contrapongan a la legislación relacionada, los objetivos y políticas del Fondo, ni comprometan su estatus fiscal. Al aportar recursos, las organizaciones están en capacidad de contribuir de manera directa y efectiva a proyectos de conservación, fortalecimiento de comunidades locales y gestión sostenible de los ecosistemas amazónicos, asegurando que sus fondos se utilicen de forma transparente y alineada con las mejores prácticas internacionales en materia ambiental y social.
Para ser elegibles, los proyectos deben alinearse con las prioridades temáticas del Fondo, demostrar viabilidad técnica y financiera, y ser implementados por organizaciones elegibles (ver siguiente respuesta).
Los proyectos presentados por organizaciones gubernamentales no van a competir por fondos con los proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil. Los proyectos gubernamentales tendrán un máximo de 40% de los recursos anuales, mientras que los proyectos de organizaciones de la sociedad civil recibirán hasta 45% de los recursos anuales del Fondo BCA.
Los proyectos implementados por organizaciones no gubernamentales deberán cumplir los criterios establecidos en las convocatorias específicas. Estos criterios serán definidos por un Comité Técnico, aprobados por la Junta del Fondo BCA, y comunicados en las convocatorias. También se detallarán requisitos sobre las organizaciones que pueden aplicar para recibir recursos y actividades elegibles y no elegibles. El Fondo BCA publicará su Manual de Subvenciones previo al lanzamiento de las convocatorias.
Pueden aplicar:
El Fondo BCA dedicará la primera mitad del 2025 a estructurar su operación. Eso incluye contratar equipo y proveedores de servicios, establecer sus sistemas (contable, de gestión, etc.), abrir oficinas, finalizar sus políticas y procedimientos, publicar su Manual de Subvenciones, desarrollar y publicar su Sistema de Gestión Ambiental y Social. La expectativa es que el Fondo estará listo para empezar a asignar recursos a proyectos en la segunda mitad del 2025.
El Fondo BCA va a dedicar un máximo de 15% para cubrir sus costos administrativos, que incluyen salarios de su equipo, oficinas, prestadores de servicios, auditorías, reportes, comunicación, entre otros gastos corrientes. El restante 85% será dedicado al financiamiento de proyectos, donde un máximo de 40% se destinará a proyectos implementados por entidades gubernamentales y un mínimo de 45% a proyectos implementados por entidades de la sociedad civil, que incluye a organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, pueblos y nacionalidades indígenas, y otras.
El Fondo BCA es administrado por una Junta Directiva conformada por Directores Afiliados Gubernamentales y No Afiliados Gubernamentales. Además, el/la directora/a Ejecutivo/a desempeñará un papel clave como administrador y representante legal. Los Directores Gubernamentales serán designados por instituciones del gobierno ecuatoriano, mientras que los Directores No Afiliados Gubernamentales incluirán representantes de sectores como la academia, organizaciones sociales, comunidades indígenas, cooperación internacional y sector financiero.
La selección de la Junta Directiva combina procesos de designación y elección:
Sí, los mecanismos de renovación y cambio están claramente establecidos en los Estatutos (Ver Estatutos) del Fondo y en su Manual Operativo:
La Junta Directiva se reúne al menos cuatro veces al año en reuniones ordinarias. Además, pueden convocarse reuniones extraordinarias, según sea necesario, convocadas por los Co-Presidentes o tres Directores, para atender temas urgentes o estratégicos.
El Fondo tiene una Política de Conflictos de Interés que se aplica estrictamente a todos los Directores, miembros de comités, equipo y consultores. Todos deben firmar una declaración al asumir su cargo o función, revelando posibles conflictos (esto es parte de los requerimientos establecidos). Los Directores involucrados en un conflicto no pueden participar ni votar en decisiones relacionadas al tema. La Junta Directiva y los comités supervisan continuamente para evitar que intereses personales interfieran en la gobernanza y operación del Fondo.
El equipo de la Secretaría del Fondo BCA hace seguimiento de todos los proyectos, por medio de reportes preparados por cada organización beneficiaria, visitas a los proyectos y evaluaciones externas. El equipo reporta frecuentemente a la Junta Directiva y a los Comités que la Junta establece (por ejemplo, Comité Técnico del Biocorredor Amazónico y Comité Financiero). Adicionalmente, el Fondo BCA contratará anualmente auditores externos de las firmas de auditoría líderes globalmente (conocidas como las Big 4) y publicará sus informes de auditoría que serán complementados por informes/ reportes anuales de actividades.
La Junta Directiva rinde cuentas a los socios de la transacción de conversión de deuda que generó los recursos iniciales del Fondo BCA, incluida la República de Ecuador, a donantes futuros y al público en general a través de un sistema transparente de reportes. El Fondo BCA publicará informes anuales, que incluyen auditorías realizadas por auditores externos.
El Fondo BCA se creó en Estados Unidos por requerimientos de la transacción de conversión de deuda que va a proveer los recursos del Fondo BCA. Sin embargo, toda la estructura del Fondo BCA – Junta Directiva, comités, equipo, oficinas y proyectos – estarán exclusivamente en Ecuador. La estructura internacional del Fondo BCA apoyará la constante movilización de recursos internacionales para complementar los recursos de la conversión de deuda y ampliar el impacto del Fondo.
De ninguna manera. El gobierno de Estados Unidos no tiene control en la gestión del Fondo BCA. El Fondo es controlado por su Junta Directiva. Los criterios de selección de proyectos del Fondo BCA se alinearán a las prioridades establecidas por el Gobierno de la República de Ecuador, que es soberano sobre la Amazonía ecuatoriana.
El Fondo BCA es independiente del Gobierno ecuatoriano, pero lo incluye en su sistema de gobernanza y tiene su propósito y prioridades temáticas alineadas con las políticas públicas de Ecuador. La autonomía del Fondo BCA le permite dar continuidad aun durante cambios de gobierno y asegura que los recursos se mantengan enfocados en el propósito y prioridades temáticas establecidas para el Fondo y a largo plazo. Adicionalmente, al no ser una institución pública, el Fondo BCA tiene flexibilidad para movilizar recursos de fuentes diversas, adoptar lineamientos y procedimientos propios, e invertir sus recursos en el mercado financiero para generar rendimientos que apoyarán su continuidad. Aunque el Fondo BCA no es público, adopta en sus estatutos prácticas de rendición de cuentas y transparencia similares a las del sector público, a través de la publicación de sus políticas, informes anuales y auditorías.